sábado, 5 de octubre de 2013

Sanidad pública

En previsión de que se malinterprete mi opinión, vaya por delante mi postura a favor de una sanidad pública sostenible y racional. Se atribuye a los niños la cándida facultad de plantear esas “grandes preguntas” que los adultos no solemos saber responder debido a su trascendencia. 
Confieso que, en este sentido y en algún otro, siempre he albergado la inquietud de no dejar de ser niño. Si es evidente que dos de los pilares de la salud física y psíquica son una sana alimentación y una digna calidad de vida que satisface las necesidades básicas, ¿cómo es posible que una sociedad como la nuestra se rasgue las vestiduras reclamando al Estado que garantice el derecho a una salud pública y no exprese con la misma o mayor intensidad su deseo de que sea el Estado quien garantice el derecho a bien alimentarse y a bien cobijarse?
Mientras la cifra de desahucios del último lustro ronda los 400.000 y mientras los bancos de alimentos y ciertas organizaciones de caridad que se involucran en estos temas no dan abasto atendiendo a las necesidades urgentes de cientos de miles de familias, la sociedad sigue dando primacía al derecho a una sanidad pública en sus reclamaciones al Estado. Así lo hace, al menos, cuando vota a partidos políticos que no legislan para que se garanticen los derechos constitucionales ya citados. 
Conozco un libro, para mí sagrado, en el que no se contempla la salud como premisa para la felicidad, pero sí, sin embargo, la alimentación y el cobijo: Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Éste es, pues, mi asombro, que el Estado haya garantizado hasta ahora el derecho a la salud pública y no haya hecho lo mismo con el derecho a una vivienda y a una alimentación dignas. Las desigualdades sociales y las cada vez mayores diferencias entre ricos y pobres son tan evidentes que uno ve la Constitución y las leyes que de ella emanan como simple papel mojado y ¡yo sé que otro mundo es posible! ¿Es justo acaso que, si no se nace rico, se haya de estar casi toda la vida pagando un bien como el de la vivienda? ¿Es justo que una
minoría acapare un enorme porcentaje de la riqueza de una sociedad? ¿Es justo que no se reparta el trabajo que existe entre todos los miembros de la población activa? ¿No es verdad que si se legislara para reorganizar mejor la sociedad la partida presupuestaria destinada a la salud pública no sería tan desorbitada? Quien malcome o ha de dormir en la calle suele caer enfermo, y me pregunto, ¿qué es prioritario, garantizar una atención sanitaria o 
garantizar una alimentación y un alojamiento dignos con el fin de minimizar el riesgo de caer enfermo?

27 de noviembre de 2012                               Vitoria-Gasteiz

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